Pagos inmediatos y regulación financiera: qué puede aprender México de la evolución internacional

FINANCIERO BANCARIO / por Miguel Gallardo Guerra

La conversación sobre pagos inmediatos, transferencias en tiempo real e infraestructura de pagos ha adquirido una relevancia creciente a nivel global. En diversas jurisdicciones, la modernización de los sistemas de pago ha dejado de verse únicamente como una mejora operativa o una ventaja competitiva. Actualmente se entiende como un componente estratégico de inclusión financiera, eficiencia económica, competencia, trazabilidad y resiliencia del sistema financiero.

En ese contexto, resulta natural preguntarse qué puede aprender México de la experiencia internacional. La pregunta es particularmente relevante porque el país ya cuenta con infraestructura que lo coloca en una posición importante dentro de la conversación regional sobre pagos digitales.

El Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, en lo sucesivo el “SPEI”, permite realizar transferencias entre cuentas de distintas instituciones de manera prácticamente inmediata y opera de forma continua. Sobre esta infraestructura también se han desarrollado servicios orientados a facilitar la iniciación y recepción de pagos mediante dispositivos móviles.

Sin embargo, la evolución internacional demuestra que el valor de los pagos inmediatos no depende exclusivamente de que exista una vía tecnológica para mover recursos con rapidez. También depende de la forma en que la regulación, la gobernanza operativa y la coordinación institucional acompañan dicha infraestructura.

La velocidad no es suficiente

Una de las principales lecciones internacionales es que los pagos inmediatos no deben analizarse exclusivamente desde la perspectiva de la velocidad. La posibilidad de acreditar recursos en segundos representa un avance relevante, pero no garantiza por sí misma un ecosistema de pagos más seguro, competitivo o confiable.

Para que sus beneficios se materialicen, deben existir reglas claras sobre acceso al sistema, responsabilidades de los participantes, estándares de interoperabilidad, autenticación de los usuarios, continuidad operativa, seguridad de la información, atención de incidentes y tratamiento de operaciones no reconocidas.

En otras palabras, la inmediatez debe construirse sobre una base de control, certeza jurídica y confianza.

Esta consideración es particularmente importante porque, en un sistema que procesa operaciones en segundos, el margen para detener o corregir una transferencia después de su ejecución puede ser limitado. Por ello, la regulación y los controles internos deben concentrarse cada vez más en las etapas previas a la autorización de la operación.

Entre esos controles se encuentran la validación de los datos del beneficiario, la identificación de patrones inusuales, la autenticación reforzada, la presentación clara de advertencias al usuario y el monitoreo oportuno de operaciones.

Interoperabilidad, competencia y acceso

Otro principio relevante es la interoperabilidad. La modernización de los sistemas de pago ha estado acompañada de discusiones sobre acceso no discriminatorio, estandarización de mensajes, compatibilidad entre infraestructuras y disminución de dependencias excesivas respecto de ciertos participantes.

Para México, este punto resulta especialmente importante debido al crecimiento de modelos en los que participan bancos, instituciones de fondos de pago electrónico, sociedades financieras, agregadores, proveedores tecnológicos y empresas que ofrecen soluciones de iniciación, procesamiento o conciliación de pagos.

La infraestructura tecnológica puede facilitar la interoperabilidad, pero su implementación sostenible requiere definiciones jurídicas y operativas suficientemente robustas. Debe precisarse quién puede acceder al sistema, bajo qué condiciones, mediante qué contratos y estándares, con qué información y sujeto a qué obligaciones de administración de riesgos.

El acceso debe favorecer la competencia y la innovación, pero no puede construirse mediante una transferencia indefinida de riesgos hacia los participantes directos o hacia los usuarios finales.

México no parte de cero

México cuenta con una base jurídica, tecnológica e institucional relevante. El SPEI constituye la principal infraestructura para transferencias electrónicas interbancarias y ha permitido el desarrollo de diversos modelos financieros y tecnológicos que dependen de la recepción y envío de recursos prácticamente en tiempo real.

Además, la regulación mexicana ha evolucionado hacia temas que coinciden con las tendencias internacionales, incluyendo la participación indirecta en el SPEI, la contratación de terceros, la administración de riesgos, la seguridad informática y la experiencia del usuario.

La participación indirecta permite que determinadas entidades accedan a los servicios del sistema mediante un participante directo. Este esquema amplía las posibilidades de acceso, pero también hace necesario definir con precisión las responsabilidades de cada una de las partes.

La existencia de una conexión tecnológica no elimina la necesidad de identificar qué entidad es responsable de la autenticación del cliente, el monitoreo de operaciones, la continuidad del servicio, la conservación de información, la atención de reclamaciones y la gestión de incidentes.

Asimismo, las modificaciones recientes a las Reglas del SPEI, en particular la Circular 9/2026, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2026, muestran una mayor atención regulatoria a la forma en que los usuarios instruyen transferencias desde dispositivos móviles. Este desarrollo resulta significativo porque reconoce que la experiencia del usuario también forma parte del entorno de control.

La manera en que una aplicación presenta la cuenta de origen, el beneficiario, el importe, la referencia, el estado de la operación y las advertencias previas puede tener efectos directos sobre el riesgo de error o fraude. En consecuencia, la interfaz deja de ser únicamente una decisión comercial o de diseño y se convierte también en una materia relevante desde la perspectiva regulatoria.

Gestión de riesgos y prevención del fraude

Los pagos inmediatos generan beneficios evidentes, pero también modifican la exposición a riesgos operativos, tecnológicos y de fraude.

Cuanto más rápido es un sistema, menor suele ser el tiempo disponible para identificar una anomalía, confirmar una instrucción o detener una operación antes de que los recursos sean acreditados. Por ello, los controles preventivos adquieren una importancia central.

Una posible área de evolución para México consiste en continuar fortaleciendo los mecanismos de validación previos a la autorización de las transferencias. La información mostrada al usuario debe ser suficientemente clara para permitirle identificar errores o inconsistencias antes de confirmar la operación.

La prevención del fraude también requiere colaboración. Las instituciones financieras, los proveedores tecnológicos, las empresas de telecomunicaciones y las autoridades pueden contar con diferentes elementos de información sobre una misma operación irregular.

El desarrollo de mecanismos de intercambio de información podría fortalecer la capacidad de respuesta del sistema, siempre que se respeten las obligaciones aplicables en materia de protección de datos personales, secreto financiero, seguridad de la información y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Trazabilidad y distribución de responsabilidades

En los sistemas de pagos modernos no solo importa que la operación ocurra. También importa que pueda ser reconstruida, auditada y explicada.

La trazabilidad exige conservar información suficiente sobre la instrucción, autenticación, procesamiento, liquidación y acreditación de una transferencia. Asimismo, requiere que las responsabilidades entre participantes directos, participantes indirectos y proveedores tecnológicos se encuentren claramente documentadas.

Esta claridad es especialmente relevante cuando una misma operación involucra a distintas entidades y prestadores de servicios. La fragmentación operativa no debe traducirse en incertidumbre para el usuario ni en dificultades para determinar quién debe atender una reclamación, investigar un incidente o responder por una falla.

Los contratos entre participantes y proveedores tecnológicos deben reflejar adecuadamente estas responsabilidades. No basta con regular niveles de servicio; también deben considerarse obligaciones de seguridad, continuidad, colaboración, conservación de información, auditoría, atención de incidentes y cumplimiento regulatorio.

La siguiente etapa para México

México no necesita partir de cero. Cuenta con infraestructura consolidada, autoridades activas y un mercado con un nivel importante de adopción tecnológica.

El verdadero aprendizaje internacional no consiste únicamente en adoptar mayor velocidad o nuevas funcionalidades. Implica en reconocer que los pagos inmediatos forman parte de una transformación más amplia del sistema financiero.

Esta transformación requiere que eficiencia, competencia, cumplimiento regulatorio, protección del usuario, trazabilidad, ciberseguridad y resiliencia avancen de manera coordinada.

Para México, observar la experiencia internacional no debe ser un ejercicio de reproducción automática de modelos extranjeros. Debe ser una oportunidad para identificar principios que fortalezcan el funcionamiento del mercado nacional y determinar qué materias deben atenderse mediante disposiciones regulatorias, normas internas, estándares técnicos o acuerdos contractuales.

La siguiente etapa de los pagos inmediatos no dependerá solamente de qué tan rápido puedan moverse los recursos. Dependerá de la capacidad del sistema para hacerlo de manera segura, interoperable, comprensible y jurídicamente confiable.