Por Miguel Gallardo Guerra
Hablar de open finance en México sigue siendo, al mismo tiempo, hablar de innovación y de espera regulatoria. Desde hace varios años, el mercado financiero mexicano ha identificado el potencial de los modelos basados en intercambio de datos, interoperabilidad, personalización de productos y mayor competencia. Sin embargo, también es cierto que la consolidación de un ecosistema plenamente funcional de finanzas abiertas en México depende en buena medida de una mayor claridad normativa y de reglas operativas suficientemente precisas para todos los participantes, particularmente en torno a la implementación efectiva del modelo de open finance previsto en la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech).
La conversación sobre regulación fintech en México ya no se limita a la autorización de determinadas entidades o a la discusión sobre nuevos modelos digitales. Hoy, el foco también se encuentra en la forma en que la infraestructura jurídica permitirá compartir, procesar y proteger información financiera de manera segura, eficiente y trazable. En ese contexto, el open finance no debe entenderse únicamente como una tendencia tecnológica, sino como una evolución estructural en la manera en que circula la información dentro del sistema financiero.
Uno de los principales retos del mercado mexicano ha sido que la promesa de las finanzas abiertas ha convivido por demasiado tiempo con un grado relevante de indefinición regulatoria, derivado en parte de la emisión parcial y progresiva de disposiciones secundarias por parte de las autoridades financieras. Ello ha obligado a diversas empresas a avanzar mediante esquemas contractuales, integraciones privadas y soluciones tecnológicas que, si bien permiten cierto grado de funcionalidad, no necesariamente sustituyen las ventajas de un marco general más claro. Esta situación genera costos de implementación, incertidumbre jurídica y, en algunos casos, barreras de entrada para actores que sí están en posición de innovar, pero no de asumir ambigüedad normativa prolongada.
Desde una perspectiva jurídica, el punto central no consiste únicamente en habilitar el intercambio de información. También implica definir con mayor precisión las responsabilidades de los distintos participantes, los estándares de seguridad aplicables, la gobernanza de datos, los mecanismos de consentimiento y los criterios de supervisión. En otras palabras, el desarrollo del open finance México 2026 no depende solo de tecnología, sino de arquitectura regulatoria coherente, coordinada y ejecutable.
Además, en la medida en que el sector financiero se vuelve más dependiente del uso estratégico de datos, la discusión se conecta con otras materias igualmente sensibles: protección al consumidor, ciberseguridad, prevención de fraudes, gestión de riesgos operativos y calidad de la información, así como con el cumplimiento de marcos adicionales, como la normativa de protección de datos personales. Por ello, la evolución del open finance no debe verse de forma aislada, sino como parte de una agenda más amplia de modernización del sistema financiero.
Para bancos, fintechs, entidades de pago, agregadores y proveedores tecnológicos, el momento actual exige una combinación de prudencia y preparación. Prudencia, porque no toda innovación debe desplegarse sin evaluar cuidadosamente su sustento regulatorio. Preparación, porque los actores que cuenten con mejores políticas de gobernanza de datos, contratos sólidos, controles de seguridad y procesos internos documentados estarán en mejor posición para adaptarse cuando el marco aplicable siga madurando.
En este escenario, el verdadero valor estratégico no está en esperar pasivamente a que llegue una regulación más detallada, sino en anticipar sus efectos. Quienes hoy trabajen en modelos de datos responsables, trazabilidad operativa y cumplimiento desde el diseño podrán capturar mejor las oportunidades del mercado cuando exista mayor certidumbre. El debate sobre open finance en México, por tanto, ya no es si llegará o no, sino bajo qué condiciones jurídicas y operativas terminará consolidándose, y qué tan preparados estarán los participantes para operar dentro de ese marco.
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