Tesis y Jurisprudencias / Litigio / por Zuzel Soto.
En #ViernesdeTesis | 7 de febrero de 2025, el Semanario Judicial publicó 47 nuevos criterios: 13 jurisprudencias y 34 tesis aisladas.
Hemos seleccionado los más relevantes para ti, que fueron emitidos por las Salas de la SCJN, Tribunales Colegiados y Plenos Regionales:
Tesis Resumidas
Registro digital: 2029884 / Tesis: 1a./J. 9/2025 (11a.)
Jurisprudencia SCJN
La exención del IVA en el artículo 15, fracción I, de la Ley del IVA, se aplica si los créditos hipotecarios para la compra, mejora, construcción o reparación de viviendas se otorgan a personas físicas.
La finalidad del beneficio fiscal es disminuir el costo financiero generado con motivo de la contratación de un crédito hipotecario, es decir, la exención no fue prevista para privilegiar a las personas que participan en una actividad económica inmobiliaria con fines de lucro (ej persona moral), sino a quien se constituye como un consumidor final para este tipo de bienes, esto es, la persona que pacta un crédito hipotecario para comprar, adquirir o reparar su propia casa habitación, lo que contribuye a garantizar el derecho a una vivienda contenido en el artículo 4o., séptimo párrafo, constitucional.
Registro digital:2029871 / Tesis: XV.6o. J/2 C (11a.)
Jurisprudencia SCJN
La cláusula de sumisión expresa en el contrato es inaplicable si en el lugar acordado por las partes no hay un órgano jurisdiccional competente para resolver el juicio.
Dado que, en San Luis Río Colorado, Sonora, no existen juzgados orales mercantiles y los juzgados civiles carecen de competencia para estos casos, la cláusula de sumisión expresa del contrato no es aplicable, si en ésta las partes acuerdan someterse expresamente a los tribunales competentes de dicho Municipio. Además, como no se renunció al fuero federal ni se designó claramente a tribunales del fuero común, corresponde al Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en Mexicali conocer del juicio, según el Acuerdo General 3/2013.
Registro digital: 2029862 / Tesis: I.11o.C.35 K (11a.)
Tipo: Aislada TCC
La acción principal y la de reconvención deben resolverse de forma independiente, y no tomar en cuenta lo planteado por la accionante al contestar la demanda –principal o reconvencional– de su contraparte.
La acción principal y la reconvención son juicios distintos que se tratan en un mismo expediente. Aunque ambas pueden ser resueltas por el mismo juez, cada una debe ser resuelta según lo planteado en su respectiva demanda y contestación, ya que no pueden considerarse una sola pretensión, incluso si las demandas son similares. La legislación procesal no permite que se interpreten como complementarias ni que se declaren derechos de manera conjunta.
Registro digital: 2029863 / Tesis: I.4o.C.39 C (11a.)
Tipo: Aislada TCC
En el concurso mercantil, el dinero de los depósitos regulares en billetes de depósito puede ser reclamados a través de la acción separatoria, según lo establece el artículo 71, fracción VII, de la Ley de Concursos Mercantiles.
Los depósitos se clasifican en regulares e irregulares. Los primeros se identifican con las características del depósito tradicional definido en la legislación civil, sin transmisión de la propiedad del bien depositado y, por tanto, en un depósito regular a la comerciante, los bienes depositados pueden ser objeto de la acción separatoria. Los segundos se caracterizan porque transmiten la indicada propiedad y, por tanto, si el depósito en favor de la comerciante es irregular, los sujetos activos de ellos no cuentan con la acción separatoria, porque no pasa a la propiedad del comerciante depositario-
Registro digital: 2029869 / Tesis: XXI.2o.C.T.42 C (11a.)
Tipo: Aislada
Para que los propietarios de casas y terrenos sean incorporados como asociados en una Asociación Civil de Colonos, es imprescindible su consentimiento (legislación de Guerrero).
El derecho a la libertad de asociación -art. 9 constitucional- es un derecho complejo que operar en tres direcciones: a) formar o unirse a una agrupación; b) permanecer o renunciar a ella; y c) no asociarse. El libre ejercicio de esa libertad no puede vedar o prohibir la realización del objeto lícito para el cual se haya constituido una asociación y tampoco es válida la prohibición de pertenecer a ésta por formar parte de otra agrupación. Por tanto, nadie puede ser obligado directa o indirectamente a formar parte de una asociación.
Registro digital: 2029870 / Tesis: XXI.2o.C.T.25 C (11a.)
Tipo: Aislada TCC
La exigencia requerida al autorizado en el artículo 1069, tercer párrafo, del Código de Comercio, relativa a que cuente con cláusula expresa para contestar la vista con la contestación de demanda, no le impide ofrecer la prueba pericial relacionada con las excepciones y defensas opuestas por la demandada.
La autorización mencionada no permite disponer del derecho litigioso ni realizar actos que requieran la intervención personal del interesado. Solo otorga facultades para seguir el juicio, impugnar, ofrecer y desahogar pruebas, alegar en audiencias, pedir sentencia y defender los derechos del autorizante. El autorizado no puede desahogar la vista ni plantear posiciones, pero sí puede ofrecer prueba pericial relacionada con las excepciones y defensas, como en el caso de la falta de firma en el título de crédito.
Registro digital: 2029876 / Tesis: I.4o.C.41 C (11a.)
Tipo: Aislada TCC
Los principios de los contratos de adhesión son aplicables a todos los contratos que presenten sus características distintivas, no solo a los de tipo mercantil.
La influencia del liberalismo en los contratos civiles introdujo el principio de autonomía de la voluntad, basado en la libertad e igualdad de los gobernados para disponer de su patrimonio. Sin embargo, este principio no siempre garantiza negociaciones justas debido a relaciones asimétricas entre las partes, donde una puede tener poder sobre la otra. Esto llevó a la separación del derecho del trabajo del derecho civil y, más tarde, a la clasificación de contratos en dos tipos: los de negociación libre e igualitaria, y los de adhesión, que buscan proteger contra abusos derivados de esa asimetría. Así, aunque los contratos celebrados por entidades gubernamentales no sean mercantiles, pueden ser considerados de adhesión si hay desigualdad entre las partes, aplicándose las reglas correspondientes.
Registro digital: 2029882 / Tesis: I.3o.C.101 C (11a.)
Tipo: Aislada
El quántum de los honorarios de abogados no es un elemento de existencia del contrato de prestación de servicios profesionales (legislación de la CDMX).
Según el artículo 2607 del Código Civil para el Distrito Federal (Ciudad de México), si no hay acuerdo sobre los honorarios, estos se determinarán según la costumbre local, la importancia del trabajo, el caso en cuestión, la capacidad económica del cliente y la reputación del profesional. Si existe un arancel para la profesión, se aplicará ese monto. En caso de no haber acuerdo ni regulación, el profesional debe probar con evidencia adecuada cuánto debe cobrarse, considerando los factores mencionados.
Registro digital: 2029886 / Tesis: I.20o.A.40 A (11a.)
Tesis Aislada TCC
El IMSS debe demostrar que agotó todos los recursos a su alcance para asegurar el derecho a la salud de las personas.
El IMSS, como la autoridad encargada de brindar atención médica, debe tomar todas las medidas posibles dentro de sus recursos para garantizar el derecho a la salud. Debe demostrar que hizo un esfuerzo razonable, dentro de su competencia, para cumplir con su obligación de ofrecer atención prioritaria a los pacientes con enfermedades crónicas diagnosticadas.
Registro digital: 2029888 / Tesis: I.3o.C.102 C (11a.)
Tipo: Aislada TCC
El IPAB, en su carácter de liquidador judicial, no está obligado a crear una provisión o reserva de recursos para pagar las obligaciones garantizadas por el saldo que exceda el límite a que se refiere el citado artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.
Según el artículo 247 de la Ley de Instituciones de Crédito, las reservas en la liquidación judicial solo se constituyen en tres casos: a) cuando haya juicios sin sentencia firme donde el banco esté involucrado; b) en créditos no registrados en la contabilidad, hasta que haya una resolución firme; y c) si el liquidador estima que un incidente puede generar una condena por daños. Sin embargo, la reserva no aplica cuando el exceso ya está considerado en la sentencia de reconocimiento y graduación de créditos, y será pagado por el banco según lo establecido en los artículos 241 y 242.
Registro digital: 2029893 / Tesis: I.3o.C.38 K (11a.)
Tipo: Aislada TCC
En las acciones ejercidas por personas con discapacidad derivada de un accidente, no correrán los plazos de prescripción hasta que el grado y tipo de discapacidad se determine por una institución de salud.
De acuerdo con el artículo 81, fracción II, de la Ley sobre el Contrato de Seguro, las acciones derivadas de un contrato de seguro prescriben en dos años. Sin embargo, este plazo no es aplicable a personas con discapacidad por accidente, ya que las secuelas pueden no aparecer de inmediato. Exigir que ejerzan sus derechos en ese tiempo podría poner en riesgo su salud. Por ello, los plazos deben contarse desde que una institución de salud determine el grado y tipo de discapacidad, respetando el derecho de acceso a la justicia para personas con discapacidad, según la Convención sobre sus Derechos. Además, los tribunales deben hacer los ajustes necesarios para garantizar una igualdad procesal.
Registro digital: 2029907 / Tesis: I.4o.C.37 C (11a.)
Tipo: Aislada TCC
Cuando las instituciones bancarias realicen transferencias electrónicas de fondos en moneda extranjera a una cuenta bancaria en moneda nacional, es legal aplicar el tipo de cambio que la institución pública en ventanilla el día de la operación.
El artículo 8o. de la Ley Monetaria establece que en transferencias electrónicas, los bancos deben entregar el monto en la misma moneda o según el régimen de cambios de libre flotación. Las transferencias de divisas están sujetas a las regulaciones del Banco de México, pero no al tipo de cambio publicado por él. En traspasos de divisas a cuentas en moneda nacional, la conversión se realiza según el tipo de cambio vigente en ventanilla el día de la operación.
Registro digital: 2029897 / Tesis: I.4o.C.38 C (11a.)
Tipo: Aislada
Los juegos mecánicos, son un mecanismo peligroso por sí mismo, susceptible de generar la responsabilidad civil objetiva (legislación CDMX).
La responsabilidad objetiva surgió para abordar la insuficiencia de la responsabilidad por hechos ilícitos o culposos. Con el tiempo, esta responsabilidad se extendió a otros sectores, abarcando cualquier objeto utilizado para generar ganancias y que implique riesgos para las personas cercanas. Aunque se reconoció el peligro inherente a estos objetos, no se prohibió su uso para no frenar el desarrollo económico, sino que se establecieron medidas para reducir el riesgo. En el caso de los juegos mecánicos, que son considerados peligrosos debido a su construcción con materiales pesados, su funcionamiento con electricidad y los desgastes naturales, se aplica la responsabilidad objetiva si causan daños, aunque se hayan tomado medidas de seguridad. A pesar de las precauciones, el riesgo sigue existiendo, lo que activa la responsabilidad civil objetiva en caso de daño.
Registro digital: 2029899 / Tesis: PR.A.C.CS. J/11 A (11a.)
Jurisprudencia Plenos Regionales
Es improcedente tramitar al mismo tiempo el procedimiento oficioso y la queja presentada por una parte para su cumplimiento, según las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
El procedimiento de ejecución de las sentencias de nulidad está compuesto por un trámite oficioso previsto en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Si se agota esa etapa oficiosa sin haberlo conseguido, ello dará lugar a que la parte actora pueda interponer la queja prevista en la fracción II del propio precepto, con el fin de hacer valer la renuencia de la autoridad para dar cumplimiento. Esto obedece al principio de prosecución judicial y a que el cumplimiento de las sentencias es de orden público, por lo que será factible estimar la posibilidad de promover el recurso de queja por incumplimiento una vez que el procedimiento oficioso haya concluido y persista la contumacia de la demandada.
Publicación preparada por Zuzel Soto.
Viernes de Tesis – 31 de enero – Semanario Judicial de la Federación