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La Responsabilidad Penal de Personas Morales en México y la importancia del Gobierno Corporativo de las Empresas.

La Responsabilidad Penal de Personas Morales en México y la importancia del Gobierno Corporativo de las Empresas.

Financiero y Bancario / Publicado el 10 de noviembre de 2017.

 

 

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I. Código Nacional de Procedimientos Penales (“CNPP”) y el Código Penal Federal (“CPF”)

 

El 5 de marzo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales (“CNPP”) que incluye en el Capítulo II del Título X del Libro Segundo, el apartado relativo al procedimiento para personas jurídicas. El CNPP entrará en vigor a nivel federal gradualmente en términos de la Declaratoria que emita el Congreso de la Unión, sin que pueda exceder del 18 de junio de 2016.

 

El 17 de junio de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) el Decreto por el que se modificaron diversos cuerpos normativos, entre ellos el CNPP y el Código Penal Federal (“CPF”), y a través de dicha modificación se complementó lo ya regulado en el citado CNPP y en lo dispuesto en los diversos Códigos Penales vigentes en los distintos estados de nuestro país, en lo referente a la responsabilidad penal en que pueden incurrir las personas jurídicas en nuestro país.

 

Esta regulación es parte de los compromisos adquiridos por nuestro país al firmar o ratificar acuerdos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, instrumentos en donde se señala la obligación para los países firmantes de establecer la responsabilidad de personas jurídicas por participación en delitos graves.

 

Dentro del sistema penal mexicano ya estaban previstas determinadas consecuencias que el juez podía imponer sobre una persona moral si es que ésta había sido utilizada como medio para la comisión de un delito, sin embargo, ahora las responsabilidades penales en contra de las personas físicas (administrador, representante, etc.) y la persona moral, acarrean consecuencias jurídicas independientes.

 

 

II. Responsabilidad Penal de las Empresas

 

 

De acuerdo con el artículo 421 del CNPP, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización.

 

Para que la persona jurídica pueda ser responsable penalmente de los delitos cometidos, es necesario que se presenten las siguientes situaciones o requisitos:

 

  1. Que el delito sea cometido a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios proporcionados por la persona jurídica. Esto es, aunque el delito no se comenta a su nombre o por su cuenta, bastará con que el beneficio obtenido sea para ella o se usen para cometer el delito los medios propios de la entidad jurídica, para que sea responsable del delito cometido.

 

  1. Pero además de lo anterior, es necesario que se haya determinado que existió inobservancia del debido control en su organización. Es decir, que el delito se llevó a cabo por no existir en la entidad el control interno o políticas adecuadas para evitarlo, o bien, que, aun existiendo dicho control o políticas, no hubo la vigilancia o supervisión adecuada para cumplir con ello y así evitar que la empresa o entidad jurídica en general pueda ser usada para cometer algún delito.

 

 

III. Delitos de las personas morales a través de sus representantes

 

 

Para la determinación de la responsabilidad penal de la persona jurídica de que se trate no es requisito alguno el que la conducta tipificada como delito sea llevada a cabo por los representantes legales, administradores, socios o accionistas de la persona jurídica, sino que el delito puede ser cometido por cualquier agente, sea empleado de la entidad o no, sea que actúe en representación de la persona jurídica o no, independientemente del nombre o cargo que desempeñen, ya que para imputar responsabilidad penal a la entidad bastará que el delito se cometa a través de los medios proporcionados por la misma, es decir, usando los medios de que se vale la persona jurídica para llevar a cabo sus actividades.

 

Los casos que pueden servir como un precedente para entender la seriedad del impacto regulatorio serían los escándalos enfrentados por Walmart, Monex, HSBC, Soriana, OHL, Oceanografía, Volkswagen, BANAMEX y FICREA entre otros en los que empleados llevaron a cabo, con o sin conocimiento de la alta Dirección, actos que en su momento fueron objeto de investigaciones administrativas y judiciales y en algunos casos, de sanciones.

 

 

IV. No Extinción de la Responsabilidad Penal

 

 

El artículo 421 del CNPP establece que no se extinguirá la responsabilidad penal de las personas jurídicas cuando se transformen, fusionen, absorban o escindan. En estos casos, el traslado de la pena podrá graduarse atendiendo a la relación que se guarde con la persona jurídica originariamente responsable del delito.

 

La responsabilidad penal de la persona jurídica tampoco se extinguirá mediante su disolución aparente, cuando continúe su actividad económica y se mantenga la identidad sustancial de sus clientes, proveedores, empleados o de la parte mas relevante de todos ellos.

 

 

V. Sanciones

 

 

De acuerdo con el artículo 422 del CNPP, en relación con el diverso 11 Bis del CPF, las consecuencias jurídicas o sanciones aplicables a las personas jurídicas que sean responsables penalmente estarán en función a si se trata de personas jurídicas con personalidad propia o no.

 

En el caso de personas jurídicas con personalidad jurídica propia, se le podrá aplicar una o varias de las siguientes sanciones:

 

  1. Sanción pecuniaria o multa.
  2. Decomiso de instrumentos, objetos o productos del delito.
  3. Publicación de la sentencia.
  4. Disolución.
  5. Las demás que expresamente determinen las leyes penales.

 

 

En el caso de personas jurídicas con o sin personalidad jurídica propia, que hayan cometido o participado en la comisión de un hecho típico y antijurídico, podrá imponérseles una o varias de las siguientes consecuencias jurídicas:

 

  1. Suspensión de sus actividades.
  2. Clausura de sus locales o establecimientos.
  3. Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido o participado en su comisión.
  4. Inhabilitación temporal consistente en la suspensión de derechos para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación del sector público.
  5. Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores.
  6. Amonestación pública.

 

 

VI. Disminución de la Sanción

 

 

Conforme al último párrafo del artículo 11 Bis del CPF, las sanciones podrán atenuarse hasta en una cuarta parte, si con anterioridad al hecho que se les imputa, las personas jurídicas contaban con un órgano de control permanente, encargado de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables para darle seguimiento a las políticas internas de prevención delictiva y que hayan realizado antes o después del hecho que se les imputa, la disminución del daño provocado por el hecho típico.

 

 

VII. Gobierno Corporativo y Compliance

 

 

Las disposiciones que imponen una responsabilidad penal a las personas jurídicas en general ya están vigentes en nuestro país, por lo que las mismas representan un riesgo operativo mas a considerar ya que puede ocasionar consecuencias tan graves como la suspensión de actividades, la clausura de establecimientos, la imposibilidad de realizar ciertas actividades, su intervención o incluso la disolución de la entidad.

 

Con base en lo anterior, es de suma relevancia rescatar que este nuevo marco de responsabilidades requiere de un nuevo marco de gestión en las organizaciones y modelos de organización o prevención, a lo que se le ha llamado como “compliance”, es decir, un conjunto de políticas internas que permitan a las empresas prevenir una responsabilidad de la naturaleza y, en su caso, mitigar la responsabilidad o guiarla en los momentos de crisis.

 

Esto constituye propiamente una autorregulación y la adopción de medidas encaminadas a prevenir los delitos tomando en consideración tanto las características particulares de la empresa como las disposiciones aplicables. Por ejemplo, los programas deben tomar en cuenta, entre otros, el tamaño de la organización, e incluir políticas para promover una cultura de legalidad, implementar mecanismos de supervisión por parte de personal calificado, evitar la delegación de poderes discrecionales, así como los procedimientos disciplinarios.

 

Es necesario establecer las políticas adecuadas para vigilar, supervisar y prevenir que la empresa pueda ser usada como vehículo para cometer una diversidad de delitos, además de que como resultado de ello la legislación en nuestro país ha sufrido un cambio para tratar de prevenir y frenar tales situaciones, dando origen a leyes como la ley anti lavado de dinero, la de protección de datos personales, y la modificación a diversos ordenamientos como el CNPP, el CPF, el Código Fiscal de la Federación, etc., en los que se establecen una diversidad de obligaciones y sanciones para las personas jurídicas que es necesario conocer y acatar a fin de evitar contingencias en las empresas.

 

A través del “Compliance” estamos en posibilidades de instrumentar de manera interna las políticas y controles adecuados para evitar que la empresa pueda ser usada en la comisión de los delitos que se le pueden imputar a la persona jurídica, además de que podremos vigilar y supervisar que su operación esté acorde a la legislación en general, evitando de esta manera contingencias tan importantes como las ya mencionadas.

 

 

Contacto.

 

Para mayor información con relación a lo anterior, favor de contactar a cualquiera de los siguientes miembros de BGBG:

 

Miguel Gallardo Guerra

mgallardo@bgbg.mx

Samuel Uziel Rivero Prado

surivero@bgbg.mx

 

www.bgbg.mx