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La protección contra el robo de identidad ante las Instituciones de Crédito

La protección contra el robo de identidad ante las Instituciones de Crédito

Financiero y Bancario / Publicado el 30 de octubre de 2017.

 

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De conformidad con la publicación de fecha 29 de agosto de 2017 en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”), derivado de las modificaciones hechas a las Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito, el despacho de abogados Bello, Gallardo, Bonequi y García, S.C., emite el presente boletín informativo, en relación con los cambios establecidos para las medidas de identificación que deberán de aplicar las instituciones de crédito.

 

La resolución en cuestión se implementó debido a la necesidad de fortalecer los procedimientos y mecanismos que las instituciones de crédito utilizan para identificar al cliente, con la finalidad de coadyuvar a prevenir, inhibir, mitigar y, en su caso, detectar alguna conducta ilícita que tenga como fin el robo de identidad. Por lo que se establece que dichas instituciones puedan verificar ante diversas dependencias de gobierno, en especial con los registros del INE y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información y/o documentación que ayude a validar la identidad de las personas con las que van a llevar a cabo operaciones o contrataciones, según sea el caso.

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Por lo anterior, las instituciones se verán obligadas a solicitar los datos de identificación de sus clientes, para la integración de cada expediente, a través de sistemas que utilizarán Datos Biométricos[1] (huellas dactilares y/o reconocimiento facial) para realizar dicha identificación. Estos sistemas biométricos servirán para brindar mayor certeza y seguridad jurídica para salvaguardar la identidad de las personas que celebren alguna operación con la institución, con o sin presencia física de la misma. Las mismas disposiciones establecen que en caso de que alguna institución rechace el uso de sistemas biométricos como medios de identificación, estarán obligadas a pagar los daños que perciban sus clientes, específicamente quienes hayan sido víctimas del robo de identidad, dentro de las 48 horas siguientes a la presentación de la reclamación.

Asimismo, las instituciones deberán de observar diversas cuestiones por cada una de las operaciones que realicen, en donde dependerá de si éstas son o no presenciales, si la operación es un retiro de efectivo y de transferencias de recursos, si se trata de Cuentas Bancarias Niveles 1, 2, 3 o 4, si son o no clientes potenciales, entre otras cuestiones.

 

Adicionalmente, se sustituyen los Anexos 2 a 5, mismos que establecen la documentación e información que deberá de integrarse a: (i) los expedientes de créditos al consumo, (ii) los créditos para la vivienda, (iii) los créditos comerciales cuyo saldo al momento del otorgamiento sea menor a un importe equivalente en moneda nacional a cuatro millones de UDIs, y (iv) los créditos comerciales cuyo saldo al momento del otorgamiento sea igual o mayor a un importe equivalente en moneda nacional a cuatro millones de UDIs, por lo que gracias a su contenido, las instituciones deberán de actualizar los expedientes de clientes hasta el momento en que el propio cliente contrate nuevas cuentas de depósito, crédito o servicios.

Finalmente, es importante señalar que las instituciones consideren que cuentan con un plazo no mayor a 12 meses para cumplir con dicha resolución, por lo que tendrán como fecha límite septiembre del año 2018 para implementar dicho sistema.
 
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[1] Se señalan los requerimientos técnicos para la captura de huellas dactilares e identificación facial como datos biométricos en el Anexo 71 de la misma Resolución.